Como órgano rector especializado estableció las políticas y estrategias que garantizan que el uso terapéutico de la sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras es seguro, inocuo, se realiza conforme a los más altos parámetros de calidad, logrando que su disponibilidad sea constante, oportuna, acorde a lo dispuesto en un marco jurídico actualizado y fundamentado en los avances científicos y tecnológicos, así como, en las necesidades del país.